Un panorama preocupante. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció este martes en un informe anual parcial sobre el periodismo independiente que en 2017 se registraron 240 hechos violatorios contra la libertad de prensa y que 97 periodistas independientes fueron objeto de represión.

De los 240 hechos violatorios documentados por el ICLEP en 2017, 102 fueron amenazas y agresiones psicológicas, hubo 84 detenciones arbitrarias, 32 despojos de medios de trabajo, 16 prohibiciones de salida del país, cuatro agresiones físicas y dos periodistas expulsados de sus trabajos o centros de estudios.

“Durante el año 2017 el régimen cubano mantuvo inalterable su monopolio sobre los medios de comunicación masiva. El liberticida artículo 53 de la Constitución cubana que condiciona la ‘libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista’ continúa amordazando a todos los cubanos. El aparato judicial se sirve de un Código Penal que sanciona cualquier tipo de libertad de prensa. La policía política acosa, detiene y amenaza con encarcelar a los periodistas por diversos, supuestos, delitos”, condenó el ICLEP.

El Instituto se refirió a los casos particulares del vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, quien en 2017 fue objeto de “diversas violaciones contra su persona como arrestos, prohibiciones de salida del país y amenazas de cárcel por los supuestos delitos de propaganda enemiga, participar en una provocación internacional y ‘usurpación de capacidad legal'”.

La también miembro de La Hora de Cuba, Sol García Basulto, fue otra de las periodistas “amenazadas” por el régimen. En su caso, le dijeron que “le quitaría la custodia de su hijo de tres años de edad y enjuiciarían a sus padres”. Además, sobre ella pesa la misma acusación de “usurpación de capacidad legal” por la que en julio pasado le impusieron una medida cautelar de prisión domiciliaria.

También se mencionó el ataque de la estudiante de periodismo Karla María Pérez, expulsada de la Universidad Central Martha Abreu de Las Villas, “por publicar en el blog Somos+. La Seguridad del Estado antes de acusarla de ser miembro de una organización ilegal y contrarrevolucionaria intentó reclutarla”.

El Instituto también recordó el caso de su propio director ejecutivo, Raúl Velázquez, que “durante el 2017 sufrió varias detenciones, su domicilio fue allanado, sus medios de producción periodística fueron confiscados. En noviembre estuvo preso durante cuatro días en la Unidad Provincial de delitos contra la Seguridad del Estado, donde fue amenazado, intimidado, torturado psicológicamente y acusado de clandestinidad de impresos, difusión de noticia falsas y de recibir dinero del Gobierno de EEUU con fines subversivos”.

El ICLEP destacó que “a pesar de que la forma y los métodos represivos contra la prensa alternativa continúan inalterables” se registró un descenso de la cantidad de hechos violatorios comparados con 2016 (451).

Esta disminución la atribuyó no a un cambio de política represiva del régimen “sino a que en el 2016 los que mandan en Cuba reprimieron con puño de hierro a la prensa alternativa ante y durante dos acontecimientos únicos que ocurrieron en la Isla: la visita del expresidente de EEUU, Barack Obama, y la muerte del tirano Fidel Castro”.

“Por otro lado —indica el documento—, la censura impuesta a través de la violencia física, las detenciones arbitrarias y el despojo de medios de trabajo, en 2016, provocó que en 2017 muchos informadores se autocensuraran, tomaran distanciamiento y no reportaran, por ejemplo, sobre las actividades de la Damas de Blanco en su caminata dominical. La autocensura es, también, uno de los motivos del por qué disminuyó en el 2017 los hechos violatorios a la libertad de prensa”.

El aumento de las prohibiciones de salida del país con respecto a 2016 fue otra de las peculiaridades de 2017.

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