El gremio de periodistas de Honduras se enfrenta al gobierno en los tribunales de justicia para evitar una ley que los expone a ser condenados por “apología al terrorismo”, según una reforma penal recién aprobada.

A petición del presidente Juan Orlando Hernández, el Congreso aprobó el 22 de febrero reformas legislativas para aumentar las penas a la criminalidad, que tiene a Honduras con las tasas de homicidios más elevadas del mundo.

Sorpresivamente, el Legislativo incluyó una reforma al artículo 335 del Código Penal que encendió las alarmas entre los periodistas. “Quien públicamente a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología e incitación a actos de terrorismo (…) será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”, dice el artículo.

La abogada de la ONG Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Kenia Oliva, interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la norma. La aprobación “fue ilegal porque se hizo mediante un agregado al acta de la sesión, o sea que el artículo no fue sometido a discusión ni a votación de los diputados”, explicó Kenia Oliva a la AFP.

El presidente Hernández opinó que a ningún periodista se le debe limitar en su ejercicio, pero agregó que “no es lo mismo que un medio informe que ocurrió un hecho (…) a utilizar el medio con frases u opiniones que promuevan que se siga haciendo” ese tipo de acciones.

El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, manifestó su apoyo a los periodistas y abogó “por que no haya censura previa ni restricciones indebidas a la libertad de expresión”.

La oficial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), María Soledad Pazo, dijo en un pronunciamiento que “el Estado no debe limitar el ejercicio de la función periodística sobre actos o amenazas de terrorismo”, a menos que “tenga la intención de incitar a la violencia”.

La ola de criminalidad en Honduras golpea también a los periodistas. Un total de 69 periodistas y empleados y dueños de medios de comunicación han sido asesinados desde 2003 y solo cuatro casos han llegado a la justicia.