Fuertes críticas recibió la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet por interponer una querella en contra de la revista Qué pasa por injurias y calumnias tras la publicación de audios que la vinculan con el caso Caval.

El hecho, que fue en primera instancia anunciado por el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz el martes pasado, reabrió el debate sobre la relación entre el poder y el ejercicio de la libertad de expresión en Chile.

La Presidenta Bachelet, detalla Radio y Diario Universidad de Chile, reiteró que la presentación de la querella la hizo en calidad de ciudadana, en uso del derecho a defenderse de mentiras e injurias que afectan su honra, aseguró.

El pasado jueves 26 de mayo, la versión online de la revista Qué Pasa publicó supuestas transcripciones de conversaciones telefónicas del operador de Caval, Juan Díaz, grabadas entre mayo y agosto de 2015 por el OS-9 de Carabineros, que le atribuían a la Presidenta Michelle Bachelet haber recibido pagos por, al menos, mil millones de pesos. La mandataria calificó la acción como una “canallada”, y posteriormente la revista publicó una declaración en la que se menciona que la publicación de acusaciones tan graves no cumple con los estándares de este medio y pidieron disculpas a las personas involucradas.

Los medios internacionales no tardaron en reproducir las declaraciones de la mandataria, asociando a la acción judicial de la Presidenta con un clima de profundo debate sobre la labor de los medios de comunicación y la legitimidad de que las autoridades defiendan su honra en los tribunales.

La revista Qué Pasa publicó un comunicado, donde expresa que “todas las autoridades se encuentran sometidas al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos, y los medios de comunicación tienen una especial misión en este sentido, ya que efectúan este control de quienes ejercen el poder, como parte esencial del funcionamiento de la democracia. La Presidenta de la República no está exenta de este control. Consideramos de la mayor gravedad y rechazamos la presentación de esta acción criminal que intenta coartar la libertad de expresión”.

Mónica González, directora del Centro de Investigación Periodística Ciper,  recalcó que este es el peor momento para declaraciones de esta índole, ya que “recientemente se intentó, por parte de los parlamentarios, diputados y senadores de diversos partidos acallar las publicaciones que los medios han hecho sobre los escándalos de corrupción que han remecido a la opinión pública”.

La periodista enfatizó que es necesario “que exista un ente legítimamente respetado, para que quienes son afectados recurran. No se puede dejar la ética periodística en manos de tribunales que están para otra cosa”. 

El abogado de la fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza señaló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, que “no le corresponde a la autoridad pública definir qué es periodismo serio”, e hizo énfasis en que la querella presentada por la jefa de Estado, debería haber sido dirigida en contra de Juan Díaz, y no de la revista que reprodujo sus dichos.

A través de una declaración pública la Asociación Nacional de Prensa (ANP) de Chile expresó su rechazo “categórico” a la querella criminal presentada por la Presidenta Michelle Bachelet.”Esta asociación gremial reconoce el derecho de todas las personas a recurrir ante los Tribunales de Justicia en caso de que se crean afectados por la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución y las leyes, sin embargo, la actual querella criminal interpuesta por la Primera Mandataria contra un medio de prensa tiene un grave efecto inhibitorio para el resto de los medios de comunicación social respecto a una autoridad cuyas acciones deben ser fiscalizadas por la ciudadanía para un correcto funcionamiento de la democracia”, señala la declaración, citada por La Tercera. 

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