“Instamos a las autoridades peruanas a derogar las disposiciones penales sobre la difamación. Casos como los de Fernando Valencia y Rafael León Rodríguez constituyen una clara violación del derecho de los periodistas a expresar opiniones sobre asuntos de interés público”, declaró Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ante la reciente condena que recibió el peruano Fernando Valencia, exdirector de Diario 16.

“El uso de sanciones penales para castigar a los periodistas contradice el consenso regional e internacional en el sentido de que la difamación no debe ser una cuestión del ámbito penal”, dijo Lauría.

Valencia recibió el lunes una pena de cárcel en suspenso y se le ordenó pagar una indemnización de 100,000 soles (USD 30,580) al expresidente Alan García Pérez luego de ser condenado por el delito de difamación.

El CPJ menciona el caso de Rafo León, periodista, autor y columnista del semanario Caretas, quien podría ser enviado a prisión el próximo mes y obligado a pagar una indemnización por una columna satírica que escribió sobre una exeditora de El Comercio.

NEFASTO PARA LA LIBERTAD DE PRENSA 

En 2013 García querelló a Valencia por presunto daño a su reputación en relación con un artículo de primera plana publicado ese año, según informes de prensa. En el artículo, el actual presidente Ollanta Humala criticaba a gobiernos anteriores por no finalizar proyectos de obras públicas, supuestamente debido a la corrupción. Aunque García no fue nombrado en el artículo, el montaje de primera plana de Diario 16 incluía la foto del expresidente. Un juez inicialmente absolvió a Valencia, pero García apeló y un juzgado de apelaciones falló a favor del expresidente.

“Es un día nefasto para la libertad de expresión y el periodismo”, dijo Carlos Rivera, abogado de Valencia.

El CPJ ha documentado cómo el uso alarmante de anticuadas disposiciones penales sobre la difamación para tomar represalias contra periodistas críticos, ha amenazado la libertad de expresión en Perú. En febrero, el CPJ viajó a Perú para divulgar un estudio comparativo de las disposiciones legales sobre la difamación en las Américas, titulado “Los críticos no son delincuentes”. Tras el lanzamiento del informe, que fue elaborado para el CPJ por el estudio de abogados Debevoise & Plimpton LLP en colaboración con la Fundación Thomson Reuters, el presidente del Congreso peruano propuso eliminar la figura del delito de difamación del código penal.