El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas demandó al Gobierno, hace poco más de 7 meses, que cese las medidas judiciales que limitan los derechos humanos de quienes protestaron en 2014: un total de 317 ciudadanos.

Los delegados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU terminaron el informe el 21 de noviembre de 2014, luego de oír a los representantes del Estado y a las organizaciones sociales que denunciaron las arbitrariedades durante su manifestación.

En el informe se solicita que Venezuela: “garantice que las medidas cautelares dictadas para limitar la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacíficas se declaren sin valor jurídico y mientras eso no suceda no sean aplicadas, por contravenir las obligaciones del Estado contenidas en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

POCO RESPETO

Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal, una de las 30 ONG que presentó pruebas sobre violaciones de derechos humanos el año pasado advirtió que el Gobierno conoce las resoluciones de la ONU y que no tiene interés en acatarla los parámetros sobre la protección de derechos humanos, pese a que está obligado por ser firmante de los tratados internacionales y ser miembro del foro internacional.

Para Himiob,  la administración tiene poca disposición para respetar los derechos humanos. Y si incumple totalmente, la ONU establecerá en sus informes una notificación sobre el caso Venezuela, que dañará la imagen de la gestión de Nicolás Maduro.

El informe de la ONU consideró que las 300 detenciones -ocurridas en febrero de 2014- fueron arbitrarias, teniendo en cuenta los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se refieren al ejercicio de la libertad de expresión y de reunión. De este total, 19 personas fueron torturadas o sometidas a tratos crueles.

El Foro Penal totaliza, hasta la actualidad, 3,765 detenciones, y 2,055 se mantienen con medidas restrictivas a su libertad, mientras que 29 están tras las rejas por manifestar. Se asegura que hay 75 presos por motivos políticos.

La ONU pide la “liberación inmediata” de los detenidos entre el 9 y 20 febrero de 2014 e insta al gobierno a “remediar la situación” de los 300 manifestantes presos en condiciones arbitrarias.

Vía El Nacional.

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