La muerte de James Foley ha puesto en el ojo de la tormenta al gobierno de los Estados Unidos, que viene siendo acusado por la opinión pública de haber sido negligente con respecto a las estrategias que empleó para la liberación del corresponsal.

Secuestrado desde el año 2012, el periodista apareció decapitado en un video por yihadistas miembros del Estado Islámico en represalia a las acciones bélicas realizadas por los Estados Unidos en Irak.

Ellos exigieron en su momento 132 millones de dólares a cambio de su libertad, pero el gobierno optó por no efectuar el pago. Esta decisión ha sido cuestionada durante los últimos días, aún más cuando se hizo público el operativo fallido que realizó las fuerzas militares estadounidenses para rescatar al periodista.

Ante la ola de críticas y las comparaciones que surgieron (los países europeos suelen pagar los rescates de sus ciudadanos),  la portavoz adjunta del Departamento de Estado, indicó que el gobierno de los Estados Unidos continuará con su política de no hacer concesiones con terroristas y no pagar rescates.

Marie Harf indicó que los pagos de rescate son la principal forma de financiamiento de este tipo de agrupaciones y que ceder podría poner en gran peligro de secuestro a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

Además, la funcionaria agregó que es importante no ceder ante las presiones porque no se puede colaborar con los mismos grupos a los que se está tratando de degradar capacidades.

Lee el pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos sobre el caso aquí.

Publicado por:

Lucia Calderón Portugal

Estudiante de comunicaciones de la Universidad de Lima.

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