De acuerdo con el texto, a propósito de la entrega de 52 toneladas de papel a medios de dicho país, el periodismo también tiene que enfrentar las sanciones administrativas y judiciales sobre los directivos y reporteros de medios que se apartan de las versiones oficiales sobre lo que está sucediendo en el territorio.

EL ACOSO:

La organización recuerda que la prensa está sometida a la restricción de divisas para la importación de papel, lo cual causó el cierre de 13 diarios y la reducción de las páginas. “La prensa escrita no afín al Gobierno está en riesgo de desaparecer”, asevera el editorial.

El periódico advierte que silenciar o amordazar a la prensa suele ser el primer paso que dan los gobiernos para omitir los procesos democráticos y originar obstáculos para el ejercicio de las libertades de sus ciudadanos.

El Colombiano cita la Declaración de Chapultepec, adoptada en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F., en marzo de 1994, que establece que “sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad”.

Tal declaración, acogida por las naciones democráticas del continente, indica que la libertad de prensa es un “derecho inalienable del pueblo” y no una concesión de las autoridades, pues sin ella “no hay personas ni sociedades libres”.

DATOS:

• El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela lleva un registro de 65 casos de violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, en un mes y medio de protestas ciudadanas en varias ciudades venezolanas.
• Un gran número de diarios en la región se solidarizan con el pueblo venezolano dedicando una página diaria, llamada “Todos somos Venezuela”, con noticias sobre ese país.
• El último martes, salió de Cartagena 52 toneladas de papel para diarios venezolanos, en calidad de préstamo, de periódicos afiliados a la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios).
• La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que “la situación de la libertad de expresión en Venezuela (…) es grave porque el marco jurídico es de enorme ambigüedad y el Gobierno tiene facultades muy fuertes para sancionar a los medios o incluso sacar a los medios del aire”.