México: asesinato de periodista Gregorio Jiménez “no puede ser un caso cerrado”

Por @cdperiodismo

Publicado el 19 de marzo del 2014

Las autoridades del Gobierno de Veracruz recogieron los testimonios de los 6 detenidos por el secuestro y asesinato Gregorio Jiménez, pero el expediente final tendría “carencias graves”, las cuales, en el momento de una sentencia, podrían llevar a la libertad de los acusados.

Así lo aseguró, en una rueda de prensa para presentar el informe “Gregorio: Asesinado por informar”, María Idalia Gómez, periodista mexicana que es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Ella denunció las acciones de las autoridades como parte de la Misión de Observación conformada por periodistas y defensores de la libertad de expresión que indaga el asesinato del reportero de Notisur y Liberal del Sur.

LAS PRUEBAS

“En el caso de (la periodista veracruzana) Regina Martínez, cuando uno de los acusados sale libre, la Procuraduría se lava las manos y dice que ellos acusaron pero que el juez no estuvo de acuerdo. Bien, pues en el caso de Gregorio Jiménez, cuando todavía está empezando el juicio, ya les decimos que el expediente tiene carencias tan graves que en el momento de una sentencia podría provocar la libertad de los acusados”, señaló la periodista.

En cuanto a esas carencias en la investigación, Idalia Gómez reveló que no se llevaron a cabo exámenes periciales a las personas interrogadas antes y después, para acreditar que no hubo confesión bajo tortura. “Sólo hay confesiones, pero sin documentación ni verificación de las autoridades esas confesiones“, refirió, cita Animal Político.

OBSERVACIONES:

No hubo órdenes de cateo para ingresar a la casa de seguridad donde tenían secuestrado a Gregorio Jiménez, ni al rancho en Las Choapas (Coatzacoalcos) donde fueron encontradas las fosas.
No hubo orden de aseguramiento de esos inmuebles, y todas las pruebas que se recabaron en la casa de seguridad, “que fueron cintas, sábanas y documentos” no están certificadas, ni se establecen los resultados en el expediente de las autoridades.
No hubo resultados de toma de huellas, “ni algo tan elemental” como llamar a las hijas del reportero para que, por rostro, voz, o complexión, identifiquen a los acusados para comprobar si, efectivamente, se trata de ellos.

“¿Cómo llega entonces la autoridad a los acusados? Por arte de magia”, dice Idalia.

La Misión de Observación concluyó que el caso de Gregorio Jiménez “no puede ser un caso cerrado, porque aún faltan demasiadas cosas por investigar”.

“El riesgo de que este caso se caiga como el de Regina, en sentencia o en amparo, es altísimo. No digo que los acusados sean inocentes. Lo que digo es que no existen todavía las pruebas suficientes para acreditar el móvil que dice la autoridad. Un móvil tan burdo como el pago de 20 mil pesos por la muerte de Gregorio”, resaltó María Idalia Gómez.

Estas son las 17 recomendaciones que la Misión de Observación elaboró tras investigar el asesinato del periodista Gregorio Jiménez:

La PGJE de Veracruz debe reconocer que el asesinato de Gregorio Jiménez se vincula fuertemente con su labor periodística.
La PGJE debe subsanar las fallas señaladas en este informe, aclarar, precisar y abundar hasta agotar la línea de investigación sobre trabajo informativo del periodista Gregorio Jiménez.
Que PGJE Veracruz permita a esta Misión el acceso a otros expedientes de investigación de asesinatos y desapariciones de periodistas en el estado.
Exigimos que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE) atraiga la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, para que éste procese y sancione a los responsables.
Que la FEADLE publique un reporte detallado de por qué no atrajo de forma inmediata el caso del periodista Gregorio Jiménez.
La Misión de Observación exige medidas de seguridad a la familia de Gregorio Jiménez, ya que no sólo son víctimas sino testigos de un delito.
Que el Gobierno de la entidad establezca un fondo permanente de apoyo a familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz, y que su implementación se realice bajo la supervisión de organizaciones de la sociedad civil y periodistas.
Es necesario que los tres poderes de Veracruz reconozcan públicamente la situación adversa que enfrentan periodistas y medios de comunicación de esa entidad.
Es urgente promover una ley de protección de derechos del ejercicio periodístico y reestructurar la Comisión de Protección a Periodistas en Veracruz, de manera que esta instancia tenga capacidad para ser un mecanismo de protección eficiente.
La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas debe rendir cuentas de los recursos e informar como ha actuado en el caso de Gregorio Jiménez.
Tipificar como delito grave las acciones que obstruyan o atente contra periodistas, instalaciones de medios de comunicación y cualquier persona que ejerza la libertad de expresión y de información.
Que la Contraloría Estatal revise de manera autónoma el desempeño de la PGJE en las investigaciones de delitos contra periodistas y sancionar por omisión o negligencia a quienes hayan incumplido en sus funciones.
La Fiscalía de Atención a Periodistas y Delitos Electorales de Veracruz debe dar un informe, amplio y detallado, de los avances de todas las investigaciones a su cargo.
Debido a las altas cifras de agresiones a periodistas en Veracruz es necesaria la creación de una fiscalía autónoma.
Debe crearse una ley que regule la publicidad oficial en el estado de Veracruz.
Es urgente que empresas periodísticas de Veracruz cumplan con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La seguridad de los periodistas empieza por recibir un trato profesional y que se garanticen sus derechos laborales. Recomendamos también crear protocolos de seguridad, así como dar capacitación a los voceadores de prensa, para que difundan las noticias de manera profesional y no contribuyan a incrementar el riesgo a la labor de los periodistas.
A las empreas Notisur y Liberal del Sur se les pide que establezcan fondo de apoyo económico para manutención de la familia de su trabajador Gregorio Jiménez de la Cruz.