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El Gobierno griego decidió cerrar la radio televisión pública, una medida que ha causado conmoción en los trabajadores y en los gremios de periodistas de Europa.

Reporta SER que el primer testimonio es el de una trabajadora de la televisión pública que al conocer la noticia, se encerró junto a sus compañeros en el edificio de la radio-televisión pública griega como protesta. “Hemos pasado la noche de pie, con gente de todo tipo que se ha acercado a solidarizarse”, dijo. El cierre deja en la calle a 2, 600 profesionales. 

El Gobierno anunció que ERT será sustituido “lo antes posible” por un organismo “moderno, con mucho menos personal”. El portavoz del Ejecutivo heleno, Simos Kedikoglu, aseguró que los despedidos percibirán las indemnizaciones correspondientes.

Los empleados que quieran trabajar en el nuevo organismo podrán presentar su candidatura, ha dicho el portavoz sin precisar cuál será el tamaño de la plantilla del futuro ente. Algunos medios locales informan que se emplearía a 700 personas.

GOLPE A LA DEMOCRACIA

“El cierre de la radio televisión pública griega (ERT) es un duro golpe a la democracia, al periodismo, a la libertad de expresión y al derecho de información de los ciudadanos no solo en el país heleno, sino también en el resto de n de la Unión Europea”, señaló la Asociación de Prensa de Madrid (APM).

“Se puede, y se debe decir, que este cierre es un retroceso no solo griego, sino también de la Unión Europea, cuyos Gobiernos y Parlamentos en más de una ocasión han defendido la existencia de los medios públicos”, sostiene la asociación.

La APM remarca que “los medios públicos ejercen un papel crucial como garantes de una información plural, veraz e independiente, no basada exclusivamente en criterios comerciales. Son medios que, cuando son gestionados con rigor e independencia, fortalecen la convivencia, fomentan el diálogo cívico y dan espacio y voz a colectivos que no encuentran hueco en los medios privados”.

La APM ofreció apoyo a los periodistas griegos y recordó “que en España los medios públicos están sufriendo un acoso brutal, “como lo demuestran los casos de Telemadrid y del Canal 9 valenciano, sometidos a un proceso de desmantelamiento que ha supuesto la pérdida de casi 2.000 empleos”.

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