Foto: Reuters

Ya no son solo los periodistas de México los que deben tener miedo de informar sobre la guerra entre los cárteles del narcotráfico. El temor se ha extendido al ciberespacio. Escribir un tweet o un comentario en un blog puede pagarse con la vida de aquellos valientes que desde sus computadoras o celulares dan detalles del crimen organizado o simplemente opinan sobre la situación de violencia.  The Economist realizó un interesante análisis sobre el tema que presentamos a continuación.

Seleccionamos algunas citas importantes:

Pero la restricción a la libertad de expresión se está extendiendo al ciberespacio. El último martes, dos personas fueron encontradas colgadas de un puente en Nuevo Laredo, sin vida y con signos de tortura. Cerca de ellos se encontró el siguiente mensaje: “Esto le pasará a todos chismosos en Internet”. Los victimarios también mencionaron dos páginas web: El Blog del Narco y Frontera al Rojo Vivo. No está claro cómo los asesinos seleccionan a sus víctimas, ya que los blogs usualmente permiten comentarios anónimos. Los internautas tendrán que pensarlo dos veces antes de enviar información en el futuro por esos medios, incluso de forma anónima.

Sin embargo, las redes sociales también enfrentan otra amenaza, esta vez desde el gobierno. Hace poco, dos personas fueron arrestadas en el estado de Veracuz, absurdamente acusados de terrorismo, luego de que difundieran vía Twitter el rumor de que un grupo de niños había sido secuestrado de una escuela local. La premura de los padres por buscar a sus hijos causó algunos accidentes de tránsito. Los involucrados Gilberto Martínez Vera, un profesor, y María de Jesús Bravo Pagola, una conductora de radio, enfrentan sentencias máximas de 30 años en prisión por difundir un mensaje en la red de microblogging.

El estado de Veracuz está planeando cambiar su código penal para que la mencionada pareja pueda ser condenada por alteración del orden público. A los legisladores parece no importarles mucho el hecho de que los acusados hayan cometido un “delito” que no estaba tipificado como infracción a la ley en el momento en el que fueron arrestados.

Fuente: The Economist.

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