En menos de un mes, un segundo diario en Ecuador se declaró en resistencia este miércoles frente al órgano de control de medios por considerar que está actuando de “manera arbitraria” a la luz de una polémica ley de comunicación impulsada por el gobierno.  Nos referimos a El Universo,  el diario de mayor circulación del país y calificado de oposición por el presidente Rafael Correa, publicó un comunicado en el que anuncia su decisión de acogerse al “derecho a la resistencia” consagrado en la Constitución.

El periódico, que ha sido multado y obligado a rectificar bajo acusaciones de violar la ley de comunicación, vigente desde hace dos años, alegó que ha enfrentado “en completo estado de indefensión” los procesos administrativos – no penales – abiertos por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom).

El Universo declinó comentar si tras esa decisión acataría futuras resoluciones del órgano estatal. En su mensaje, citado por AFP señaló que se acogía a la resistencia hasta que la “Supercom con sus procedimientos administrativos, garantice la seguridad jurídica y el debido proceso”.

La Constitución de Ecuador permite el derecho a la resistencia frente a “acciones u omisiones” del Estado o privados que vulneren garantías constitucionales.

El 14 de mayo el diario La Hora, también cuestionado por el gobierno por su línea editorial crítica, se acogió al mismo derecho frente a la autoridad de control de medios, alegando la falta de garantías jurídicas para su defensa en los varios procesos que ha enfrentado.

LEY MORDAZA

La Supercom dijo a la AFP que de momento no había ningún pronunciamiento sobre el comunicado de El Universo.

Al igual que otros medios, ambos periódicos han sido denunciados por incumplimientos a la ley de comunicación – llamada ley mordaza por sus críticos – y sometidos a audiencias que han derivado en multas o en rectificaciones de contenidos.

“Tenemos motivos para decir que hemos sido juzgados de manera absurda y arbitraria, en completo estado de indefensión, violando estándares básicos del debido proceso”, sostuvo El Universo, cuyo tiraje promedio es de 50.000 ejemplares diarios.

La norma que cuestionan organizaciones internacionales y locales de libertad de prensa, surgió de una consulta popular y es defendida por Correa como un freno a los abusos de los medios privados, a los que suele identificar como su mayor opositor.

La legislación aumentó los controles sobre la prensa y fijó una nueva distribución de frecuencia de radio y TV entre medios privados, públicos y comunitarios. La ley no prevé el cierre de medios.

EL COMUNICADO DE El UNIVERSO

La Ley Orgánica de Comunicación se aprobó en junio de 2013, en medio de muchos cuestionamientos de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la ONU, de organismos defensores de los derechos humanos y de las libertades de expresión y de prensa, como Human Rights Watch, Freedom House, World Association of Newspapers, Reporteros sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas, Sociedad Interamericana de Prensa y prestigiosos medios de comunicación del mundo.

La ley contemplaba el nombramiento de un superintendente de Comunicación, elegido de una terna presentada por el presidente de la República. El designado fue el licenciado Carlos Ochoa, hasta ese momento presentador estelar de noticias de Gamatv, canal incautado y al servicio del Gobierno, con una línea muy dura en contra del periodismo independiente. El proceso de designación recibió algunas críticas.

A pesar de nuestro desacuerdo con la ley, por considerarla inconstitucional y violatoria de derechos humanos fundamentales y de los convenios internacionales que los garantizan, así como del evidente prejuicio del superintendente en contra de la prensa libre, fieles a nuestra tradición de respeto a las leyes de la República, nos dispusimos a acatarla.

A los pocos meses de su designación, el superintendente se estrenó contra este Diario, sancionándolo a pagar una multa equivalente a más de 90.000 dólares porque consideró que la caricatura de Bonil, que expresaba su criterio en relación con el allanamiento de la Policía en el domicilio de Fernando Villavicencio constituía la toma de “posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de una persona que está involucrada en la indagación previa aludida en la caricatura y en el texto de la misma”.

Un año más tarde, pese a todas las pruebas en contra, el superintendente concluyó que otra caricatura de Bonil, relacionada con una intervención del legislador oficialista Agustín Delgado durante una sesión en la Asamblea, tenía “contenido discriminatorio en razón de condición socioeconómica” y este Diario fue obligado a publicar disculpas en el impreso y por siete días consecutivos en la página web; pero, además, se ofició a la Fiscalía General para que investigue la posible comisión del delito de discriminación. La Fiscalía resolvió archivar el expediente por NO haber encontrado elemento alguno de la comisión del delito antes referido.

En el mes de marzo de este año se reformó el reglamento del procedimiento para el juzgamiento de las infracciones a la Ley de Comunicación, el cual violenta elementales estándares del debido proceso, obligatorios en el Ecuador por estar protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos de plena obligatoriedad en el país, que mencionaremos más adelante.

En el mes de mayo, la Secom presentó una denuncia en contra de este Diario porque, según ellos, no se publicó una réplica como debe ser “toda vez que no se publicaron los contenidos diagramados de manera íntegra”. EL UNIVERSO cumplió con la ley que manda publicar la réplica y con el reglamento que ordena la publicación de “los argumentos de la réplica”. Ninguno de los instrumentos legales manda publicar títulos, diagramación, tipografía o diseño solicitados por el reclamante. Cumplimos, eso sí, con lo que señala la ley, la publicación gratuita, en la misma página, sección y espacio y en las 72 horas siguientes. Se recibió la notificación de la fecha de la audiencia tres días hábiles antes de su realización, sin que hubiera el tiempo necesario para preparar los medios adecuados para la defensa, se nos concedió solo 20 minutos para presentar nuestros argumentos, a pesar de que ni la ley, ni el reglamento limitan las intervenciones. Además, no llegamos al proceso, ni fuimos escuchados en condiciones de igualdad, puesto que la demandante era la Secom, que depende administrativa y financieramente de la Presidencia de la República, de acuerdo con el Decreto 386, y el juzgador es nombrado de una terna enviada por el presidente. Es decir que el demandante y el juzgador tienen el mismo origen.

Con estos antecedentes, dos años después de aprobada la ley, tenemos motivos para decir que hemos sido juzgados de manera absurda y arbitraria, en completo estado de indefensión, violando estándares básicos del debido proceso protegidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

Tenemos razones para pensar que el juzgador carece de elemental independencia para conocer y resolver denuncias contra este Diario, por los antecedentes, origen de la designación y comportamiento durante el ejercicio de su función. Más aún si la denuncia procede de la Función Ejecutiva o de instituciones gubernamentales.

El domicilio de Diario EL UNIVERSO es Guayaquil. A pesar de ello y de existir una oficina regional de la Supercom en esta ciudad, se nos obliga a comparecer para ejercer nuestra defensa en Quito. También se nos ha querido obligar a señalar domicilio físico en esa ciudad, a lo que nos hemos negado.

En uno de los casos que aludimos, el delegado del superintendente nos negó la presentación de algunas pruebas que considerábamos importantes para nuestra defensa.

El superintendente, quien debe presidir el tribunal especial de la Supercom, no ha asistido a ninguna de las audiencias públicas de sustanciación, que son el único momento que tiene el acusado para ejercer su defensa y presentar pruebas. Quien preside la audiencia, por delegación, es un funcionario de la Supercom. El superintendente no asiste, pero es quien firma la resolución.

Por lo expuesto, con la certeza de que estamos en estado de indefensión, EL UNIVERSO ha decidido acogerse al principio de la supremacía constitucional que garantiza nuestro derecho al debido proceso y al derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 98 de la Constitución, hasta que la Supercom con sus procedimientos administrativos, garantice la seguridad jurídica y el debido proceso.