Por Ernesto Aroche Aguilar (*)  

Fue cosa de un par de días lo que le llevó a la revista Líder inundar la ciudad con anuncios espectaculares en parabuses y rotular varias decenas de unidades de transporte público con la portada de su número de febrero. Nada mal para una revista que difícilmente se vende en puestos de revistas a pesar de su nombre rimbombante, de su papel caro y su buena impresión. El detalle, en la portada que se replicó como virus por toda la capital de Puebla –ciudad considerada la cuarta urbe más importante de México— el gobernador del estado y su secretario de Infraestructura se muestran sonrientes acompañados de la leyenda: “Moreno Valle y Tony Gali construyendo una Puebla más moderna”.

Una semana después las calles se llenaron de hojas, como si no estuviéramos viviendo el final del invierno sino el arranque del otoño y los arboles agitaran sus ramas cubiertas de papel y tinta. Y con esas hojas, rotuladas con nombres de diarios que llevan años circulando, también se multiplicó el rostro y el trabajo del rector del máxima casa de estudios de la entidad, Enrique Agüera.

Y es que, si a nivel país el regreso del PRI a la presidencia de la República se construyó desde el poder mediático de las televisoras, en las regiones o estados la construcción de candidaturas de los grupos que buscan perpetuarse en el poder tienen como comparsas a periódicos y revistas que ofrecen promoción y propaganda disfrazada de periodismo en un momento en el que está vedado por ley cualquiera actividad proselitista, pues faltan al menos tres meses para que empiecen las campañas electorales en forma.

UN MERCADO NEGRO DE PUBLICIDAD

La reforma electoral de 2007 que buscó modificar la relación medios-partidos políticos-elecciones, pues se produjo tras un proceso electoral que salpicó de lodo en cantidades industriales al entonces candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador y dejó al país bastante dividido, lejos de regular la problemática lo que hizo fue abonar a la consolidación de un mercado negro de la publicidad política.

Y la elección presidencial de 2012 fue el aparador en donde se mostró parte del amplio catálogo de publicidad encubierta.

El diario The Guardian y la revista Proceso dieron a conocer a través de fuentes confidenciales la relación comercial que estableció la empresa Televisa con el entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, para ofrecerle un trato preferencial en los informativos y programas de espectáculos de la mayor compañía televisiva en habla hispana.

Y aunque meses más tardeel diario inglés ofreciera una disculpa pública tras ser demandados por Televisa: “Se reconoce la preocupación de que sus artículos hayan sido interpretados (especialmente en México) como si Televisa fuera culpable de una conducta indebida. The Guardian no tuvo la intención de sugerir que estos documentos constituían una prueba concluyente de parcialidad o sesgo informativo por parte de Televisa”. La duda sobre la parcialidad de la televisora y en general de medios de comunicación con el candidato priísta quedó flotando en el aire y fue retomado por movimiento estudiantiles como el #yosoy132 como una de sus principales exigencias.

En los estados la situación ha ido más allá, las estrategias publicitarias de los aspirantes a ocupar un puesto de elección popular no sólo se inserta en la compra de espacios disfrazados de entrevistas en espacios noticiosos tanto impresos, radiales y televisivos.

Cuestionado por los diputados sobre su activismo mediático en espacios de noticias, el secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad, el favorito del gobernador del estado, Moreno Valle, para ocupar la alcaldía de la capital del estado, aseguró que el sólo atendía a invitaciones de sus amigos de la prensa, y descartó que se tratase de promoción personal. Lo cierto es que aunque aún no se oficializa la candidatura en Puebla se da por hecho que él será el abanderado por el derechista Partido Acción Nacional (PAN) en conjunto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se asume políticamente en la izquierda ideológica y del que forma parte su hijo, Antonio Gali, quien ocupa una diputación local.

Lilia Vélez Iglesias, coordinadora de la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana Puebla, sostiene que las “portañas” –como define el analista Hugo León Zenteno a las campañas publicitarias de funcionarios públicos que usan de parapeto las portadas de revistas—son una muestra más de ese mercado negro que vende promoción de productos políticos como si fueran trabajos periodísticos.

En 2009, María Amparo Casar, doctora en Ciencia Política e investigadora del CIDE aseguraba en un artículo publicado en la revista Nexos, que la reforma lejos de provocar cambios en los medios de comunicación mantuvo una “simulación y la persistencia de preferencias marcadas en cuanto a partidos y actores políticos”.

El problema, apunta Leandro Rodríguez Medina, doctor en Sociología por la Universidad de Cambridge y académico de la Universidad de las Américas, es que “no importa cuán astuta y completa sea una ley, se van a encontrar siempre formas de darle la vuelta. Y lo que vemos no es una violación a la ley, es encontrarle la vuelta para hacer publicidad política y de candidatos fuera del periodo de campaña formal”.

“NO HAY CAMPAÑAS ADELANTADAS”, DICE EL ÁRBITRO ELECTORAL  

Y el tema llegó a la mesa del Instituto Estatal Electoral, el organismo encargado de organizar y vigilar el proceso electoral en ciernes, luego de que integrantes del Frente de Organizaciones de Izquierda presentaran una denuncia contra funcionarios estatales y militantes priístas por “actos anticipados de campañas” y ofrecieron como pruebas revistas, impresos y fotografías de bardas y anuncios en parabuses y en unidades de transporte urbano.

“Se ha pedido la interpretación del Artículo 200 bis -de la Ley Electoral-y todo parece indicar que el órgano electoral tiene indicaciones de no hacer esta interpretación dentro del plazo y toda vez que los partidos iniciamos la etapa de precampañas, pues estos actos quedarían rebasados y la autoridad electoral no tiene la menor de las intenciones de investigar”.

Pero de nada sirvió, los integrantes del IEE desecharon la queja argumentando que no había pruebas que a través de la publicidad encubierta en revistas e impresos se solicite el voto ni que se ostentan como precandidatos o candidatos a un puesto de elección popular.

El análisis del artículo en cuestión estuvo a cargo de Miguel David Jiménez López, secretario ejecutivo del organismo y sobrino del secretario y aspirante a candidato Antonio Gali Fayad.

Y lo que sucede en Puebla es una replica de lo que sucede al menos en Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala, cuatro de los 14 estados en donde habrá elecciones en julio próximo.

 

(*) Ernesto Aroche es periodista mexicano y fundador del diario digital Lado B