En agosto de 2012, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) publicó  el informe “Medios privados venezolanos se debilitan bajo asedio de Chávez”, un detallado compendio sobre la situación de la prensa en Venezuela y el poder que ejercía el entonces mandatario.

“En la actualidad, muchos de los medios más críticos ya no están más o se han llamado al silencio, y una vasta presencia de medios del estado se hace eco de las posiciones del gobierno”, dijo Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.

En un artículo titulado “En Venezuela, se transformó el panorama mediático”, Simon resalta que la polarizada campaña presidencial de Hugo Chávez y su oponente, Henrique Capriles, se ve reflejada en los medios de comunicación, que se han dividido para apoyar a su candidato preferido.

CPJ publicó previamente tres informes especiales sobre Venezuela. Entre el difundido en 2001 y el de 2007, y luego el de 2012, es evidente que Chávez no fue precisamente un jefe de Estado que respetaba la libertad de prensa.

• El primer informe, “Radio Chávez”, publicado en febrero de 2001, describió a un vibrante panorama mediático en el que el presidente, con creciente frecuencia, utilizaba la radio y la televisión para difundir largas diatribas  acerca de temas tales como “el placer de tener una novia y el proceso revolucionario en las universidades”. El  informe concluía poniendo énfasis en una preocupación: “Si es cierto aquello de que toda revolución devora a sus hijos, los periodistas venezolanos deben rezar para que Chávez no se vuelva demasiado hambriento”.
• El segundo informe, titulado “Carne de Cañón” y publicado luego del fallido intento de golpe de estado en 2002, describió una larga serie de ataques físicos donde los periodistas “atrapados entre la incendiaria retórica  del presidente venezolano Hugo Chávez Frías y el activo papel político que los propietarios y directores de los  medios han adoptado– se han convertido en blanco de ataques de sectores populares”.
• El tercer informe del CPJ publicado en 2007 y titulado “Estática en Venezuela”, describió en detalle la decisión del gobierno de no renovar la concesión del canal crítico RCTV y demostró como la embestida cada vez más profunda contra los medios estaba provocando mayor autocensura. En los años posteriores a la publicación del informe, RCTV ha sido silenciado junto a decenas de otros medios audiovisuales críticos, periodistas fueron encarcelados supuestamente por haber difamado a funcionarios y los organismos de regulación junto a
  una justicia íntimamente ligada al ejecutivo han impuesto censura en la cobertura de temas sensibles.

En el informe de 2007 se cita una opinión que difiere de los periodistas críticas.

“Eleazar Díaz Rangel, director de Últimas Noticias, el diario de mayor circulación en Venezuela está en franco  desacuerdo con las quejas por la falta de libertad de prensa. “Yo siempre le pido a la gente que me muestre  qué es lo que no se puede publicar en Venezuela, y nunca encuentro ejemplos”, afirmó. “Sólo hay que mirar  mi diario”, indicó mientras hojeaba una reciente edición de Últimas Noticias, que tenía un artículo de un acto de campaña del candidato de la oposición Capriles, información sobre protestas docentes por la falta de pago de salarios atrasados y actualizaciones sobre el tratamiento de cáncer de Chávez. Una columna de opinión de  un profesor local abogaba por el fin del gobierno de Chávez”.

EL CPJ planteó una serie de recomendaciones en agosto de 2012

• Garantizar la independencia del ente regulador de los medios audiovisuales y asegurar que no sea objeto de presiones o interferencia indebida del poder ejecutivo.
• Requerir al ente regulador que publique el proceso y el criterio para el otorgamiento, la renovación y la revocación de las concesiones del espectro radioeléctrico. Proporcionarles a los medios audiovisuales la oportunidad de presentar la renovación de sus concesiones en un proceso justo, transparente y en un espacio neutral.
• Eliminar requerimientos legales que obligan a los medios privados a transmitir los discursos  presidenciales y los comunicados oficiales.
• Eliminar en la Asamblea Nacional las disposiciones sobre difamación y el desacato del código penal, conforme a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
• Modificar en la Asamblea Nacional la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para que su lenguaje amplio e impreciso no pueda ser utilizado para castigar o intimidar a los medios audiovisuales  o digitales con acusaciones de incitación al odio o la violencia, de fomentar la zozobra en la ciudadanía, de incitar a la desobediencia o desconocer a las autoridades.
• Asegurar que los venezolanos puedan permanecer informados al garantizar igual acceso a todos los periodistas y medios de comunicación a eventos, edificios, instituciones y fuentes del gobierno.
• Asegurar que los medios del estado no sean manipulados o utilizados para lanzar ataques personales dirigidos a desacreditar a periodistas y medios críticos.

Descarga el informe aquí

Ver lo que informa Reporteros sin Fronteras sobre Venezuela.

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