El parlamento cubano aprobó la semana pasada la primera ley de comunicación social del país, que excluye a los medios independientes del marco legal y autoriza a los medios estatales a vender espacios publicitarios.

La ley, que además regulará las funciones de la comunicación institucional y comunitaria, entre otros, fue aprobada a mano alzada y por unanimidad en el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria.

De acuerdo con el artículo 28 del texto aprobado, los medios de comunicación social son “de propiedad socialista de todo el pueblo o de organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.

En Cuba, las televisoras, los periódicos, revistas y demás medios de comunicación están vinculados al Partido Comunista, único autorizado en la isla.

Sobre los contenidos que transmitirán los medios de comunicación, la norma prohíbe “subvertir el orden constitucional y la desestabilización del Estado socialista”, así como instigar a “la ciberguerra”, a la que, según las autoridades, su país está sometido.

“Los principales elementos de debate han tenido un enfoque preventivo ante la subversión”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel frente al pleno de la asamblea, refiriéndose a medios independientes como “mercenarios” que no serán legitimados por su gobierno.

Hace una decena de años, con la llegada del internet fijo a la isla, surgieron en el país medios independientes que han publicado en un limbo legal.

Los periodistas de estos medios críticos hacia el gobierno sufren constantes presiones y muchos de ellos se han visto obligados a salir del país.

Uno de ellos es 14ymedio, fundado en 2014 por la bloguera Yoani Sánchez. Este portal de noticias ha sobrevivido en difíciles condiciones y para acceder a la página de internet los cubanos requieren un VPN.

“El panorama es bastante oscuro para la prensa independiente” y la nueva ley “la pone en jaque”, dijo a la AFP Luz Escobar, una reconocida periodista de 14ymedio que salió del país en 2022, junto con varios comunicadores.

“Informar en esas condiciones es lamentable, no es solo que tengas que sufrir la represión y las amenazas, sino que muchas veces te impiden salir de tu casa o te detienen cuando llegas al lugar y te cortan el internet”, denunció Escobar.

La ley también da por primera vez un marco legal para que los medios de comunicación oficiales puedan contratar publicidad para obtener ingresos propios. Hasta ahora solo algunos medios de radio e impresos estaban autorizados a hacer este tipo de acuerdos.

CUIDADO CON LOS ME GUSTA

“Es su capítulo IV, que aborda la Comunicación social en el ciberespacio, el que ha sufrido una importante modificación desde las primeras versiones de la ley, publicadas en julio de 2022. En este apartado, el artículo 51 prevé que las personas a quienes atañe la ley (todas, como especifica el artículo 2) deben “responder por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican”. En la práctica, bastará hacer un comentario o reaccionar a favorablemente a una publicación que se considere que tiene el “objetivo de subvertir el orden constitucional” o “instigar el terrorismo y la ciberguerra” para contravenir la ley, aunque se desconoce cuál será la penalización. El régimen sancionador está aún por desarrollar en un reglamento, pero el documento adelanta que se aplicará la vía “administrativa o la judicial”, según corresponda”, analiza 14yMedio.

Y alerta: “Esto penalizará previsiblemente la difusión de protestas, una actividad que ya ha sido señalada por la prensa oficial y los propios tribunales como reprobable por intentar “desestabilizar el orden social”. También podría considerarse potencialmente dañino compartir o interactuar con la publicación de fotografías o mensajes que revelen carencias del Estado (que el régimen considera que intentan denigrar a la Revolución), como ha ocurrido con hospitales, escuelas y otras instalaciones en malas condiciones”·.