El gobierno de Nicaragua impidió que un periodista de The New York Times entrara al país, el jueves, en medio de una ofensiva nacional contra los medios de comunicación y la sociedad civil en la nación centroamericana.

Anatoly Kurmanaev, quien cubrió la actualidad de Venezuela durante varios años y comenzó a trabajar recientemente en la oficina del Times en Ciudad de México, fue notificado de la cancelación de su boleto a Managua por la aerolínea en la que viajaba, horas antes de que despegara el vuelo, luego de que las autoridades nicaragüenses se negaron a permitirle la entrada al país.

Según NYT, Kurmanaev había cumplido con todos los requisitos legales y de salud exigidos por las autoridades de Nicaragua.

“Este es un ejemplo de los desafíos cada vez más frecuentes que los periodistas enfrentan en todo el mundo por el papel que cumplen para garantizar una sociedad libre e informada”, dijo Michael Slackman, editor de la sección Internacional del Times.

“Lo que es especialmente impactante de la represión en Nicaragua es la rapidez con la que se está desarrollando. Todos los días arrestan a alguien con quien hablaste. Cada semana se apunta a un nuevo sector de la sociedad. Empiezas a escribirle a alguien y te das cuenta de que acaba de ser acusado. Nunca vi nada como esto”, escribió el corresponsal en Twitter.

El incidente evidencia la escalada de los ataques gubernamentales contra la prensa independiente, en medio de la represión del presidente Daniel Ortega, quien regresó al poder en 2007 después de liderar el gobierno revolucionario de Nicaragua de 1979 a 1990.

Ortega, de 75 años, aspira por octava vez a la Presidencia en los comicios del 7 de noviembre.

ARREMETIDA CONTRA LOS OPOSITORES

Más de una decena de políticos opositores, ejecutivos de empresas y líderes de la sociedad civil han sido detenidos en las últimas semanas antes de las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que Ortega busca su cuarto mandato presidencial.

El domingo, el gobierno incluyó a 13 medios de comunicación nicaragüenses —entre los que se encuentran las publicaciones más importantes del país— en una investigación criminal enfocada en los líderes de la oposición por presunto lavado de dinero, traición y “conspiración sediciosa”.

La investigación de lavado de dinero se centra en la líder opositora Cristiana Chamorro, quien hasta hace poco era la jefa de una organización local de libertad de expresión que recibía fondos estadounidenses. Chamorro fue puesta bajo arresto domiciliario este mes, apenas unas horas después de anunciar sus planes para competir contra Ortega en las próximas elecciones.

En octubre, el gobierno aprobó una “Ley de ciberdelitos” que permite a las autoridades encarcelar a cualquier periodista por publicar lo que consideren que sean “noticias falsas”. Desde entonces, tres periodistas nicaragüenses han sido amenazados con la ley y algunos reporteros se han escondido.

“El gobierno de Daniel Ortega ha recurrido a tácticas cada vez más abiertas para silenciar las voces críticas”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del programa para Centroamérica, Suramérica y el Caribe en el Comité para la Protección de Periodistas.