La censura, el hostigamiento judicial, las restricciones legales y administrativas, las intimidaciones o agresiones son métodos que utilizan diversas instancias del Estado de Venezuela para controlar y castigar a los medios críticos al régimen. Así lo informó durante una reunión semestral, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

«Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información se han agravado en este período. Simultáneamente, se ha producido un escalamiento de la crisis política y económica que ha alcanzado niveles inéditos», señala el documento.

El informe fue leído después de un video en el que se mostraban agresiones a periodistas por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos de ciudadanos.

Dos estudiantes y un periodista detenidos en protesta en Caracas https://t.co/w1BdR3MkKA pic.twitter.com/9InVeUkzvB

— Clases de Periodismo (@cdperiodismo) 2 de abril de 2017

Estas acciones provienen, en su mayoría, de «cuerpos policiales, militares, grupos paramilitares y de la acción de tribunales», que tienen como uno de sus objetivos predilectos a periodistas y reporteros gráficos, a los que también intentaron controlar con la monopolización del papel prensa por parte del régimen, implantada con la creación de la Corporación Maneiro, en el año 2013.

La «escasez» de papel que afecta en especial a los medios de línea crítica, junto a otros motivos, han hecho que durante los últimos tres años siete diarios hayan suspendido de forma indefinida su circulación.

En 2016 se produjeron 123 hechos de intimidación contra periodistas y medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, y el presidente del país, Nicolás Maduro, está autorizado para tomar cualquier medida sin ninguna justificación, como las que toman «los dictadores tradicionales».

En este tiempo también se ha producido un incremento en los ataques cibernéticos a la prensa y a los periodistas, tanto a cuentas personales como a sitios web de periodistas, medios e instituciones.

«El gobierno ha contratado especialistas de distintas partes del mundo para silenciar el flujo de noticias y opiniones atacando los servidores y bloqueando el acceso a través de las plataformas de internet nacional», se denuncia.

La incertidumbre de los editores y periodistas que están exiliados continúa. Sus juicios no avanzan y se amenaza con cárcel si regresan al país.

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