La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo a un proyecto de ley en Panamá que impone a los medios de comunicación privados la difusión obligatoria de mensajes educativos y culturales, al considerarlo “una intromisión en los contenidos y una violación al derecho a la propiedad de las empresas periodísticas“.

El Proyecto de Ley 465 establece que los medios radiales y televisivos deberán difundir al menos un mensaje educativo, cultural o sobre docencia electoral “por cada cinco anuncios” en los espacios publicitarios de la programación regular.

Según la SIP, los diarios de circulación nacional deberán incluir como mínimo dos de esos mensajes en cada edición “en espacios ubicados en secciones fijadas para anuncios publicitarios para garantizar que los mensajes sean percibidos por una gran cantidad de lectores”. Dispone también de medidas obligatorias para publicaciones no diarias.

El presidente de la SIP, Matt Sanders, expresó alarma por el contenido del proyecto que “aunque podría tener buenas intenciones conlleva graves violaciones al entrometerse el Estado en actividades privadas y en el criterio editorial de los medios“.

“Es una intromisión en los contenidos de los medios y una violación al derecho a la propiedad de las empresas periodísticas”, subrayó Sanders, director senior y gerente general de Deseret Digital Media de Salt Lake City, Utah.

La exposición de motivos de la iniciativa sostiene que con “la inclusión de mensajes positivos que resalten los valores”, los medios contribuirán a hacer reflexionar a niños, jóvenes y adultos sobre la importancia de poner en práctica los valores ciudadanos para que la “sociedad transite por caminos de paz, amor, respeto y tolerancia”.

Los mensajes serán producidos por los medios en colaboración con organismos públicos y privados, entre ellos el Ministerio de Educación.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, llamó a los diputados a rechazar el proyecto de ley porque “lamentablemente tiene características similares a las impulsadas y/o aprobadas en otros países que han tenido como punto de partida una preocupación ciudadana, pero se han convertido en mecanismos de censura y actos confiscatorios de los espacios en los medios por parte de los gobiernos”.

Añade: “Si bien la misión de los medios está íntimamente ligada a la educación cívica, ello no puede ser impuesto por un ente gubernamental ni estar sujeto a la discrecionalidad burocrática sin riesgo de convertirse en una herramienta de propaganda”.

Publicado por:

Sofia Pichihua

Periodista licenciada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Periodismo Digital en la Universidad de Alcalá de España. Profesora de Periodismo Digital/Community Manager de ISIL. @zophiap en Twitter

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