En días recientes la empresa Demos SA de CV, editora de este diario, comunicó a sus trabajadores la impostergable necesidad de ajustar el contrato colectivo de trabajo a fin de dar viabilidad a la organización y a su producto informativo en las circunstancias actuales, caracterizadas por una crisis generalizada del periodismo impreso, una difícil e incierta situación económica nacional y una distorsión en las finanzas de la propia Demos que ha llevado a destinar más de 90 por ciento de sus ingresos al pago de salarios y prestaciones.

Como es del dominio público, desde su fundación, hace 32 años, La Jornada ha tenido, como uno de sus ejes fundamentales, la determinación de otorgar a su personal las mejores condiciones salariales posibles, así como un alto nivel de prestaciones, incluso a costa de no repartir utilidades a sus accionistas y de sacrificar oportunidades de crecimiento.

Hoy ya no es el crecimiento, sino la viabilidad misma de la empresa y del periódico lo que está en juego.

Se ha hecho indispensable, por ello, formular al Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) una propuesta para ajustar la totalidad de las percepciones y prestaciones a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, manteniendo los mismos niveles salariales.

La empresa no sólo busca, con ello, preservar el periódico, su independencia y su línea editorial, que resulta particularmente necesaria en el momento actual de México, sino también la totalidad de las fuentes de trabajo, de las que dependen alrededor de 500 familias.

En el espíritu de La Jornada no ha estado, ni estará, la fórmula de los despidos masivos como vía para superar las dificultades financieras, y sí la mejor disposición de llegar a acuerdos con la comunidad de trabajadores en general y del Sitrajor en particular.