Con el fin del conflicto armado, lo que pocos han entendido es que las Farc están dejando las armas, pero no dejarán de ser marxistas ni comunistas. ¿Dejarán de ser el enemigo común de los medios de comunicación? Un análisis de cómo los medios cubrieron durante años el conflicto armado en Colombia. 

Por Óscar Duran

Un amigo español, con más de treinta años de ejercicio periodístico, me dijo hace un año:“Ahora que las FARC dejan de ser el centro de atención de los medios, empezará a emerger la verdadera Colombia que, incluso, será más aterradora que la guerra misma”, y no se equivocó. La oferta noticiosa ahora es más heterogénea, más variada y más delirante. La idea de que el Estado y el pueblo colombiano tenían un único enemigo marcó a las instituciones y al sistema político como ninguna otra.

Fueron décadas en las que el Ejército, la Policía, la Fiscalía y todas las ías estuvieron más en función de la guerra que de la soberanía, la seguridad ciudadanía o la lucha contra la corrupción. Por largos periodos, Colombia vivió estados de sitio o de excepción, la justicia estuvo siempre influenciada por las necesidades del conflicto y los medios de comunicación han gastado infinidad de recursos para registrar cada día los avatares de la guerra y sus desastres. Todos ellos, así como la sociedad misma, empiezan a entender que ya no tenemos el enemigo que conocimos y temimos por medio siglo.

Este concepto de “enemigo interno” lo leí el año pasado en un valioso especial de la revista Semana, que establece que dicho concepto se extendió también a la justicia: “Colombia puede ser un caso excepcional en el continente por tener presos por el delito de rebelión, acusados por cuestiones ideológicas. Posiblemente el caso más reciente es el del profesor Miguel Ángel Beltrán, relacionado supuestamente en los computadores de Raúl Reyes como alias ‘Camilo Cienfuegos’ y quien, presuntamente, tenía intercambios de adoctrinamiento con la guerrilla. Estuvo preso más de cinco años, y hace pocos días recuperó la libertad porque las pruebas con las que se le condenó fueron consideradas ilegales”, dice.

Capítulo aparte merecen los medios de comunicación y sus narrativas. El texto de Semana plantea esta interesante idea: “Pablo Emilio Angarita, profesor de la Universidad de Antioquia, presentó en el año 2015 un libro demoledor sobre el papel del periodismo en la construcción del enemigo. El académico estudió el periodo de 1998 a 2010, es decir, los gobiernos Pastrana y Uribe, y encontró una adhesión fuerte de los periodistas al discurso oficial antiterrorista. Según su análisis, las Farc se constituyeron como el enemigo único del país y fuente de todos sus males, desde el narcotráfico, hasta el secuestro y la violencia sexual. Eso, a su juicio, hizo que la violencia paramilitar pareciera menor o incluso que llegara a justificarse como un mal menor ante la insurgencia”.

Esta idea me golpeó tan fuerte que todavía no me repongo. Busqué, entonces, en los archivos digitales y me encontré con un texto titulado: La responsabilidad de los medios de comunicación en el conflicto colombiano, escrito por Ana María Arango. La autora cree que, en el marco del proceso de paz que adelantaron el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, se renueva la propuesta del expresidente César Gaviria de incluir en el análisis, o en el estudio de responsabilidades en el origen y recrudecimiento, la participación de actores no armados en el conflicto colombiano: “si bien el expresidente encendió el debate planteando la participación de actores fundamentalmente económicos, la discusión se ha enriquecido con nuevas propuestas, como la de investigar cuál ha sido la responsabilidad de los medios de comunicación en los más de 60 años de guerra que ha vivido este país”, expone.

Y va más allá: “de comprobarse la participación de algún medio de comunicación o de algún periodista en el conflicto armado, ya no como combatientes en el campo de batalla, sino como cómplices y formadores de una opinión que terminó legitimando el accionar de uno u otro actor armado del conflicto, ¿tendría que haber un proceso de verdad, justicia y reparación?”, se pregunta. Remata añadiendo: “el país también tendrá que diseñar algún mecanismo que permita a esos actores reparar a sus víctimas. Pero cuando las víctimas son todos los colombianos, las armas de victimización son los medios de comunicación y los victimarios son empresarios y profesionales del periodismo, ¿cómo podrían repararse los daños ideológicos, comunitarios, políticos y sociales que produjeron?”.

Quise profundizar más en el tema. Supe que, en la Universidad Nacional de Colombia, una acuciosa profesora e investigadora, llamada Lina María Manrique, presentó su tesis doctoral titulada: Comunicación política y conflicto armado: agencias y complicidades mediáticas con el paramilitarismo, y al leerlo, todo fue más claro.

Este trabajo rastreó el registro del fenómeno paramilitar en los medios de comunicación colombianos, centrándose en dos medios: Internet y televisión; se investigan hechos relacionados con este actor armado ilegal que hizo parte del conflicto armado, en un corte que va de 2001 a 2008. “Desde la perspectiva disciplinar de los estudios políticos y las relaciones internacionales, el paramilitarismo en Colombia ha dejado cicatrices en el mapa político nacional y ha puesto de relieve ciertas complicidades entre los órganos de control de los monopolios mediáticos nacionales, bien sea por omisión o por acción”, expone el trabajo.

La profesora Manrique admite: “Vale decir que los orígenes del paramilitarismo se remontan a intereses de clase y en ese sentido, hay un grupo que se benefició claramente y que configuró el accionar paramilitar en un principio. No es que el paramilitarismo sea una clase social en sí misma, porque luego atravesó toda la pirámide social, seccionando como un pastel del milhojas una sociedad que ya de por sí está fragmentada en capas cuyas brechas cada vez son más profundas”, de lo que concluyo que hubo cierto nivel de permisibilidad en los medios con este grupo armado ilegal.

Por su parte, el investigador Óscar Mejía Quintana afirma: “La mayoría de los trabajos académicos consultados coinciden en que el paramilitarismo ha sido el resultado de una compleja alianza entre terratenientes, ganaderos, comerciantes, multinacionales, gamonales, autoridades locales y regionales y miembros de las Fuerzas Armadas; en donde los intereses económicos del narcotráfico terminaron mezclándose con las estrategias político –militares contra– insurgentes del Estado, que tuvieron como principal blanco de ataque la fuerza social y popular de oposición al proyecto político oficial y el interés por la concentración de la propiedad de la tierra y el control territorial”.

Escudriñé un poco más y encontré el texto: Los medios de comunicación son los verdaderos actores del conflicto armado, publicado en un portal por Gustavo Flórez Garzón. Él considera que la información parcializada de algunos medios de comunicación“afines a la causa paramilitar o a algunos sectores económicos y políticos de ultra derecha, legitimaron políticamente a las autodefensas o grupos paramilitares, y muchas de sus acciones violentas contra la población indefensa, fueron invisibilizadas adrede”, es decir, y una vez más, que hubo cierto nivel de complicidad con estos delitos a la hora de informar.

Manifiesta Flórez en su columna: “Los medios de comunicación de Colombia han legitimado el discurso paramilitar y justificado sus crímenes atroces, leo en: ‘Paz en los titulares, miedo en la redacción’, informe del estado de la libertad de prensa en Colombia en 2015, de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, que reafirma mi posición”.

Entonces, todo tuvo sentido. Con el fin del conflicto armado, lo que pocos han entendido es que las Farc están dejando las armas, pero no dejarán de ser marxistas ni comunistas. Es más, ellos lucharán por llegar al poder con esas ideas y por las vías legales. Y aquí es donde esta “sospechosa alianza”, tal vez no tácita, entre medios e ideas contrainsurgentes, adquiere una preocupación mayor. A lo largo de medio siglo, en Colombia comunismo y guerrilla fueron prácticamente sinónimos. Con respecto a esto, el texto de la revista Semana denuncia: “Eso va a cambiar. De hecho en los años recientes, una izquierda democrática consolidada ha bajado el estigma de violencia que pesaba sobre ella. Sin embargo, esto es más notorio a nivel central que regional. En muchos lugares del país todavía la militancia comunista se ve como algo peligroso”. Y no solo el comunismo, sino actividades tan liberales como el sindicalismo, la libertad de género o de culto llevarán una carga negativa que los medios deben empezar a desvirtuar y mostrar una cara diferente a lo publicado y vendido por muchos años.

Un amigo, con amplia experiencia en escenarios públicos y académicos, me dijo un día: “Hay que llevar a los medios, a sus dueños, o a los periodistas cómplices de esta guerra en Colombia, a la Justicia Transicional”. No estoy seguro. Las FARC y su violencia fratricida parecen llegar a su fin. Ya no son el único enemigo, y ahora estamos viendo realidades que permanecieron ocultas y tapadas en los medios por muchos años. Por omisión, negligencia o acción alguna responsabilidad nos cabe como periodistas o informadores en el conflicto que está llegando a su fin. Pero, estoy seguro de que vendrán otros, tal vez más perversos y satanizados que este, y debimos aprender la lección. No busquemos objetividad, ofrezcamos honestidad y transparencia en lo que informamos, pero hagámoslo con las cartas abiertas, de frente con la ciudadanía.

El mismo amigo que cité al comienzo de esta columna, el gran Jesús Muñoz, me lo dijo: “El único manifiesto político, económico, filosófico o social que deberíamos tener los periodistas debe ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Nada más.