La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y ocho asociaciones departamentales rechazaron la difusión del video denominado “El cartel de la mentira” . ¿La razón? Atenta contra el ejercicio del periodismo.

“Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la intención gubernamental de acallar la voz de periodistas y medios de comunicación que no le son afines”, indica un comunicado difundido por la APLP.

La difusión masiva del documental, financiado por el Ministerio de la Presidencia, es –para las organizaciones de periodistas–parte de la estrategia para amedrentar y desprestigiar la labor de los trabajadores de la información.

“Lamentamos que el gobierno haya contratado los servicios de un comunicador extranjero para denigrar a periodistas bolivianos”, señala el comunicado en alusión al periodista argentino Andrés Salari, productor del documental.

“La exhibición masiva en todo el país del citado documental es una incitación a la violencia, maltrato y desprestigio a los periodistas mencionadas en el audiovisual”, cuestionó la organización.

La entidad le recordó al Gobierno la obligación del Estado de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas e integridad física están en peligro, mediante la adopción de medidas adecuadas y efectivas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También responsabilizaron al Gobierno por cualquier tipo de violencia que afecte la integridad física de los comunicadores.

Las asociaciones que respaldan con su firma el pronunciamiento son: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija.

El video, que trata sobre el manejo informativo del caso Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue difundido el miércoles por la noche en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB) y será exhibido en otras salas cinematográficas.

Y así lo presenta el gobierno

“El Cartel de la Mentira” muestra de manera didáctica y precisa, cómo un grupo de medios de comunicación impulsaron una campaña de desprestigio contra Evo Morales y el gobierno en general, en el marco del referéndum del 21 F y como la misma continuó posteriormente con la misma intención de bombardear la gobernabilidad del país.

Es la primera vez que dentro de los procesos de cambio, una producción audiovisual describe y evidencia detalladamente el poder manipulador de la prensa en una coyuntura particular. El caso Zapata ha superado la ficción y la complicidad de los medios -se ve claramente- ha arrastrado a su ética por los suelos.

Dirigida por Andrés Salari, es una producción del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

DATOS:

• El productor Andrés Sal Lari, que elaboró un documental en el que critica a periodistas que supuestamente magnificaron el escándalo “Morales-Zapata”, cobró en 2014 la suma de 70.000 bolivianos (poco más de 10 mil dólares) de publicidad.
• Para elaborar el documental, Salari cobró un monto de 40.000 bolivianos (5,800 dólares), también contratado por el Ministerio de la Presidencia. El Gobierno contrató salas de cine de cinco ciudades para exhibir el producto de manera gratuita.
• El periodista, de nacionalidad argentina, aclaró que ya no es pareja de la ministra de Salud, Ariana Campero.
• Este viernes se conoció que el autor del documental recibió 375.000 bolivianos del Estado (más de 50 mil dólares) por la elaboración de otro filme, dividido en seis partes, sobre la supuesta injerencia de EEUU en Bolivia.
• Página Siete plantea estas preguntas sobre el cuestionado documental.

Fuentes: La Razón y Página Siete.