El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la Federación Europea de Periodistas (FEP, por sus siglas en inglés) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), con sede en Madrid, se unieron al Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) para preparar un informe sobre el estado de la libertad de prensa en España. El panorama es desalentador.

Entre los mayores problemas está la Ley de Seguridad Pública, que ha sido ampliamente criticada por sus posibles efectos negativos en la libertad de prensa.

Martha Steffens, miembro de la Junta Ejecutiva del IPI y líder de la misión, dijo en un comunicado que el IPI valoraba positivamente que los partidos de la oposición que se reunieron con la delegación se hubiesen comprometido a tomar ciertas acciones en cuestiones clave como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la restauración de la independencia de RTVE.

Agregó: “las libertades de prensa y de expresión no son cuestiones políticas, sino pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Los partidos políticos de todas las tendencias deberían implicarse en la protección de estos derechos. Pedimos encarecidamente al partido o partidos que acaben formando el próximo Gobierno español que tengan en cuenta las críticas relevantes procedentes tanto de España como de la comunidad internacional y que adopten las recomendaciones de este informe”.

Otras conclusiones del informe:

• En el informe se observa que las justificaciones que se ofrecieron a la misión sobre las controvertidas decisiones políticas del actual Gobierno a menudo servían para ocultar posibles efectos negativos de mayor gravedad para el libre flujo de información.
• Otro problema que recoge el informe del IPI es la ambigüedad en la redacción de estas normas y el riesgo que suponen para el ejercicio del periodismo, tal y como alertaba la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso tras su entrada en vigor: «Esa inseguridad es inaceptable y pone a los periodistas en un limbo jurídico peligroso,» denunciaba, citando como ejemplo el caso de las filtraciones, que podrían ser calificadas de delito de terrorismo.
• Tanto el partido del Gobierno como los diversos partidos de la oposición coincidieron en que RTVE, la corporación española de radio y televisión, estaba en crisis. Sin embargo, no estaban de acuerdo en cuanto a qué constituía esa crisis y cómo se había llegado a ella. Los diputados del Partido Popular indicaron que los problemas de RTVE eran principalmente de naturaleza financiera y sugirió que los motivos se encontraban, en parte, en la prohibición de la publicidad que introdujo el anterior Gobierno socialista. Sin embargo, Germán Rodríguez Sánchez, portavoz del Partido Socialista en la Comisión, respondió: «Los problemas financieros no son la cuestión. La cuestión es la pérdida de imparcialidad y credibilidad».
• El informe también insta al Gobierno español a crear un marco regulatorio para los medios comunitarios, como se requería en la ley aprobada en 2010. La inacción del Gobierno en este sentido está siendo en la actualidad objeto de litigio en el Tribunal Supremo español.

Descarga El estado de la libertad de prensa en España: 2015

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