La historia de la revista mexicana Contralínea está marcada por las amenazas y el riesgo. El asesinato de las periodistas Marcela Yarce Viveros, fundadora, y Rocío González, cercana a la casa editora, es uno de los hechos más graves en su accidentada trayectoria, pero ciertamente no es el único. En abril de 2010, la redacción fue saqueada. Y si revisamos la cronología elaborada por el mismo medio y que reproducimos en este artículo encontraremos una serie de hechos que evidencian la situación de peligro que rodea a la prensa de México.

5 de agosto de 2007

Representantes del Grupo Zeta Gas irrumpen en las instalaciones de Contralínea; amenazan con desaparecer la revista y exigen que se les revelen los nombres de fuentes de información.

6 de agosto de 2007

Inician acciones judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presenta la primera de tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La demanda es en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez. El caso se resolvió en diciembre de 2008 con una resolución condenatoria.

Entre las irregularidades del caso destaca que el juez se excedió al dictar su resolución e impuso obligaciones de imposible cumplimiento; además, el juzgador de primera instancia pretendió respaldar su decisión con consideraciones no jurídicas, sino de apreciación personal y de valor en contra de los periodistas y del medio.

7 de noviembre de 2007

Oceanografía, SA de CV, interpone un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista Contralínea y de los periodistas Miguel Badillo, Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, y Jorge Meléndez
Durante las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así como de las pruebas ofrecidas por ellos. Se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por la parte demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.

13 de agosto de 2008

Los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanan las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

12 de septiembre de 2008

Contralínea interpone una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte.

16 de enero de 2009

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestan a Miguel Badillo, director de Contralínea.

11 de febrero de 2009

Representantes del Grupo Zeta Gas allanan las instalaciones de Contralínea; exigen ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas.

22 de abril de 2009

Blue Marine Technology Group demanda a Contralínea y a los periodistas Miguel Badillo, Nancy Flores y Ana Lilia Pérez y al cartonista David Manrique por “daño moral”.

14 de septiembre de 2009

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación 57/2009.

10 de abril de 2010

Desconocidos allanan y saquean las instalaciones de Contralínea.

27 de abril de 2010

La Caravana de la Paz que se dirigía a San Juan Copala es emboscada. Entre sus integrantes estaban los reporteros Érika Ramírez y David Cilia, quienes estuvieron en calidad de “desaparecidos” dos días.

29 de abril de 2010

Los reporteros Érika Ramírez y David Cilia son rescatados. Este último presentaba tres heridas de bala.

3 de enero de 2011

La jueza 54, Yassmín Alonso Tolamatl, condena a Miguel Badillo, director de Contralínea; a las reporteras Nancy Flores y Ana Lilia Pérez; y al caricaturista David Manrique, por el “uso abusivo de su libertad de expresión” y porque, según su consideración, la información relacionada con el uso de recursos del gobierno federal vía contrataciones no es de “interés público”.

Abril de 2011

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revocaron la sentencia por daño moral dictada por la jueza 54, Yassmín Alonso Tolamatl.

Agosto de 2011

El senador Juan Bueno Torio interpone una demanda por “daño moral” contra Ana Lilia Pérez, por la información contenida en su libro Camisas azules, manos negras.

Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2011

Son asesinadas las periodistas Marcela Yarce Viveros, fundadora de Contralínea, y Rocío González.