Ante las constantes desapariciones y amenazas a periodistas, la Fundación knight creó en 1995 el Proyecto Impunidad. Cada año presenta cifras actualizadas sobre el tema y busca soluciones.

Estas son las principales conclusiones del informe de 2010:

• La organización ha logrado una clara mejoría en el parámetro que quizás sea el más importante: ya no todos los asesinos de periodistas quedan impunes. Gracias a las misiones y los esfuerzos persistentes de la SIP, el problema de la impunidad ha quedado incluido en el orden del día de muchos líderes gubernamentales en la región y de grupos internacionales como la UNESCO. En varios países importantes se han hecho más estrictas las leyes en lo que respecta al asesinato de periodistas y se está trabajando activamente en investigaciones y casos judiciales, aunque rara vez hay constancia en estos esfuerzos. Asimismo, ya no se han registrado más asesinatos de periodistas en Colombia o en Brasil.
• Pese a las mejoras, la realidad esencial en América Latina sigue siendo preocupante: la mayoría de los asesinos de periodistas aún tienen muy pocas probabilidades de terminar en prisión. Las fiscalías han procesado con éxito solamente 59 de los 258 casos de asesinatos, confirmados o supuestos, de periodistas en América Latina desde 1995. No obstante, para poner la situación en su contexto, vale señalar que la impunidad es un mal generalizado en una región donde la justicia es más un ideal que una realidad. La SIP sólo puede contribuir a reducir la impunidad en los casos en que sus medios principales (la investigación de asesinatos, aprobación de resoluciones y encuentros cara a cara con líderes políticos) inspiran a los gobiernos a actuar. En los casos en que reina la ilegalidad, como sucedía en Colombia en los años 80 y 90, y como ocurre en México en la actualidad, la SIP tropieza con obstáculos prácticamente insuperables en sus esfuerzos por que se haga justicia con los periodistas asesinados.
• Las Unidades de Respuesta Rápida de la SIP en México, Colombia y Brasil, consistentes en un periodista por cada país, ha servido de base a la labor del grupo. Han investigado minuciosamente los hechos en un asesinato tras otro y luego han procedido a publicar de inmediato los crímenes, así como a procurar los documentos necesarios para exigir que se hagan investigaciones y arrestos en relación con casos antiguos que las autoridades parecían haber olvidado. Cuando las autoridades se rehúsan a seguir llevando adelante algún caso específico, la SIP lo remite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si es que se hace justicia, se hace lentamente y a veces los gobiernos no prestan atención a los fallos, aunque éstos contienen un firme imperativo moral. En dos de los casos, la Comisión, con sede en Washington, D.C., logró que se indemnizara a los familiares de dos víctimas, una en Brasil y otra en Guatemala.
• La SIP se ha quedado corta en su objetivo declarado de hacer que la impunidad sea un “problema de todos”. Al parecer, el grupo ha conseguido crear conciencia sobre el tema al menos en algunos países — particularmente en Colombia y Brasil — pero incluso quienes lo apoyan han reconocido que el público en general no equipara el asesinato de un periodista con un atentado contra la democracia y la sociedad civil.
• Al parecer, los editores y propietarios de periódicos de toda la región ven el Proyecto Impunidad como un medio necesario, aunque imperfecto. No obstante, los reporteros que se encuentran en la primera línea, dicen que el proyecto contribuye muy poco a hacerlos sentirse más seguros.
• La desaparición del proyecto de la SIP crearía un vacío que parece difícil de llenar. Actualmente hay otros grupos que están luchando contra la impunidad, pero ninguno de ellos cuenta con la presencia general ni la influencia de la SIP, que cuenta con miembros en 33 países de las Américas. Con todo, la SIP debería hacer un mayor hincapié en la prevención de los asesinatos, para lo cual podría aumentar los programas de capacitación de reporteros en zonas de riesgo de toda la región y tratar a México como un caso de emergencia que requiere más tiempo, atención y recursos monetarios, afirma Robert Rivard, editor del periódico San Antonio Express-News, quien ha viajado a México con la SIP en repetidas ocasiones.

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