La defensora del lector del diario El País de España, Milagros Pére,  publicó en su columna de hoy algunas respuestas a los lectores que se quejaron por el uso excesivo de fuentes anónimas en artículos y reportajes periodísticos. Esta acción no solo disgusta a la audiencia, también “afecta a la credibilidad de la información”.

Tomemos en cuenta estas críticas para evitar perder la confianza de nuestros lectores:

Armando Segovia me escribe desde la capital de México para quejarse por la crónica México da el primer gran golpe contra el cartel de Sinaloa, publicada el 31 de julio, en la que se hacen valoraciones y se construyen vaticinios sobre la única base de lo que opinan “algunos analistas” y “expertos”. “No es la primera vez que leo artículos de EL PAÍS en los que se citan expertos y analistas anónimos y nos niegan a los lectores la posibilidad de evaluar la calidad de tales voces. Esto solo contribuye a la sospecha, y no a la buena información que uno espera de EL PAÍS”, advierte el lector.

Esta era también una de las causas por las que Rafael Jiménez Fernández se quejó a la Defensora en relación con el artículo El aborto, amenazado en el Constitucional, publicado el 22 de agosto. En ese texto, los autores exponen el temor del PSOE a que el PP bloquee la ley del aborto y anticipan el posible sentido del voto de los miembros del Tribunal Constitucional según su presunta adscripción ideológica.

El lector se queja de que los autores, Fernando Garea y Julio M. Lázaro, incurran en “conjeturas” y no aporten “ni una sola fuente consultada”. Fernando Garea considera que “no se debe abusar de las fuentes anónimas”, pero en este caso cree que estaban justificadas. “Los acontecimientos han demostrado que eran absolutamente fiables, porque distintos portavoces del PSOE, empezando por José Antonio Alonso, mostraron luego públicamente su temor a que el PP bloqueara la renovación del tribunal para anular la ley del aborto”. Julio M. Lázaro añade que se consultaron también fuentes jurídicas, pero “en asuntos internos de los tribunales no queda más remedio que utilizar fuentes innominadas”.

En el próximo artículo anuncia “muchos otros ejemplos en los que el uso de fuentes anónimas obedece a los efectos perversos del control que ejercen los organismos públicos sobre la información y las relaciones de sometimiento que se derivan de ese control”.

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