Sin proporcionar más detalles, el texto publicado en el Diario Oficial el 8 de mayo de 2019,  contempla que los ‘periodistas profesionales que cubran la fuente policiaca’ puedan portar armas de fuego en espacios públicos. Este decreto también incluye otras categorías y profesiones, como los abogados, los agentes de tránsito y los ‘residentes de zonas rurales’.

“Esta decisión sienta un peligroso precedente y no resolverá los problemas de inseguridad que enfrentan numerosos periodistas brasileños”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF.

“Es con su pluma y no con un arma que los periodistas pueden cumplir con la gran responsabilidad que constituye la labor informativa”, añadió Emmanuel Colombié.

En el 2018 fueron asesinados cuatro periodistas en Brasil.